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El hallazgo de 166 cuerpos en fosa clandestina revive el horror de la violencia en México

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La Fiscalía de Veracruz ha informado este jueves del hallazgo de una fosa con 166 cráneos y otros restos humanos en un lugar no revelado por “razones de seguridad”. En el área, de unos 300 metros cuadrados, los agentes también han encontrado 200 prendas de vestir, 114 identificaciones y otros artículos personales de las víctimas.

Ese sería el segundo cementerio clandestino más grande que se localiza en ese Estado sacudido por la violencia. Hace dos años integrantes del Colectivo Solecito, una asociación de familiares con personas desaparecidas, dieron con un predio cercano al puerto de Veracruz llamado Colinas de Santa Fe, donde hallaron  295 cuerpos.

En un mensaje a medios de comunicación el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, informó que el departamento de la Fiscalía encargado de recibir denuncias por desaparición de personas obtuvo un testimonio que reveló la ubicación de la fosa. Durante la investigación, que ha durado 30 días, las autoridades utilizaron georadares, sondas de búsqueda y de drones para rastrear el terreno.

“Del análisis antropológico de los hallazgos se ha podido determinar que se trata de inhumaciones clandestinas de al menos dos años de antigüedad”, explicó. El funcionario dijo que no se había informado de los trabajos de búsqueda a los colectivos con familiares desaparecidos por cuestiones de seguridad, pero adelantó que pondrían a disposición un catálogo con las prendas y demás accesorios encontrados.

Lucy Díaz Henao,una de las integrantes del Colectivo Solecito, cuestionó que la Fiscalía haya ocultado los trabajos de búsqueda a las diversas organizaciones. “La Fiscalía no es de fiar y nosotros no tenemos ninguna razón para confiar en ellos. Hacen un trabajo muy chapucero (tramposo) y tememos que manipulen, pierdan indicios o escondan información”, manifestó. Además, destacó, las autoridades se pasaron por alto la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que entró en vigor el año pasado y que prevé que en las búsquedas las autoridades deben permitir la participación directa de los familiares.