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Segunda entrega

‘Colgar’ delitos en Youtube se paga

Los usuarios de Internet se creen libres, pero la Red
ya no es el territorio de la impunidad - Policía
e investigadores privados tienen cada vez más
medios para rastrear huellas y cazar a los infractores

La prueba del delito no es suficiente: hay que ir a por el autor. Y hay herramientas para dar con él. “En Youtube, el delincuente cuelga la prueba de su delito, y eso es una gran ventaja.

Un analista forense puede sacar punta a cualquier cosa: si aparece un reloj o un calendario, podemos saber en qué país se ha grabado el material”, indica Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva y coordinador del Foro de Evidencias Electrónicas. El autor exhibe, por lo general, su nombre de usuario. De modo que, “con un poco de picardía”, se puede saber en qué otro lugar de la Red ha participado ese mismo usuario-ciudadano.

El cotejo de los escritos también ha ayudado a resolver decenas de casos. El abogado Bertomeu narra uno real: “Un clásico: el hombre que cuelga fotos provocativas de su antigua pareja en una web de contactos. Se hizo pasar por ella. Lo curioso es que siempre se despedía con la expresión ‘besicos’ y dejaba un espacio entre la última sílaba y el signo de interrogación. Comparamos esos mensajes con otros escritos de la mujer y dimos en el clavo”. Otro recurso útil es estudiar la metadata, es decir, averiguar con qué programa se elabora un archivo.

Las investigaciones llevan, con frecuencia, hasta el responsable. Pero en el camino hay obstáculos y a menudo cuesta avanzar. Para empezar, la naturaleza de Internet: “Una vez que el contenido está en la Red, es difícil tener la certeza de que ha desaparecido del todo”, señala el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez. Los afectados ven que “el contenido lesivo tarda mucho tiempo en retirarse, o que salta a otras páginas web”, explica el jefe de la unidad de delitos informáticos de los Mossos d’Esquadra, Rubén Mora. Y entonces, el denunciante se cansa.

Cuando el prestador de servicios de Internet colabora con la policía, los tiempos de espera se acortan. Por colaborar se entiende aquí algo muy concreto: que Google (por ejemplo) retire, motu proprio, un contenido nocivo. En casos de alarma social (pederastia) las propias páginas web se prestan a ayudar de inmediato. Pero no siempre es tan fácil. Hay diferencias de clase. “En las grandes empresas todo está profesionalizado y se puede llegar a un acuerdo. Un blogger particular puede llegar a ser muy combativo”, incide Sánchez Almeida.

Los prestadores de servicios suelen quedarse al margen en delitos como los de injurias o contra la propiedad intelectual. Y es normal que así sea, razona Alejandro Negro, abogado del bufete Cuatrecasas: “Ellos no supervisan contenidos, de modo que no tienen por qué responder de lo que el usuario publique en una página”, subraya.

La clave, de todos modos, radica en conseguir la dirección IP: es lo que, al final, permitirá a los agentes llegar hasta el usuario. Es “el trabajo más laborioso”, precisa Sánchez Almeida. Aunque los investigadores pueden conocer por sí mismos algunas IP, al final “siempre hay que pasar por el aro del requerimiento judicial”, subraya Pasamar. Un juzgado debe solicitar a la compañía telefónica que facilite esa dirección. “Se produce una colisión entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la intimidad. Todo el mundo está de acuerdo que la protección de la intimidad de un delincuente ha de tener un límite”, precisa el responsable del Foro de Evidencias Electrónicas.

Rodríguez, el jefe policial, asegura que en ocasiones hay que actuar de urgencia. Como en el caso de un chico que estuvo jugando 15 horas seguidas en la Red. El administrador le advirtió de que no podría seguir jugando. “Amenazó con suicidarse. El operador facilitó la información y se localizó al chaval”. Con asuntos menores es más complicado. “Tenemos una ley de protección de datos muy garantista. Las empresas se ven entre la espada y la pared, porque si facilitan datos, la Agencia de Protección de Datos les regaña”, argumenta Rodríguez.

Todo ello, sin tener en cuenta que los infractores disponen de vías de escape. Así, pueden conectar su ordenador a un sistema wifi (o sea, un acceso a Internet inalámbrico) para colgar los con-tenidos delictivos. Ya se han dado casos. “La gente usa el wifi gratis de los hoteles para hacer maldades. Te tomas algo desde el bar y, ¿quién te va a pillar? Lo mismo si vas a un cibercafé”, bromea Pasamar. Eso ha llevado la confusión a algunas investigaciones. Se ha dado la paradoja de que un juez ha solicitado una dirección IP y se han visto implicados en una investigación personas que nada tenían que ver con los hechos. Por lo general, el enredo se resuelve rápidamente. A un hombre con conexión wifi le interrogaron sobre sus supuestas actividades ilícitas en una empresa. Fue como si le hablaran en chino: no entendía nada. Por fortuna para él, atinó a precisar que su vecino trabajaba, casualidades de la vida, en esa empresa. Voilà.

La escasa formación de la mayoría de jueces tampoco ayuda a resolver los casos, coinciden diversos letrados. Muchos magistrados ignoran el vocabulario y las cuestiones técnicas que sólo un perito informático les puede aclarar. Por eso reclaman que se creen juzgados especializados. “O, al menos, que los jueces dispongan de un grupo de expertos que les orienten”, dice Pasamar.

Las populares redes sociales (tipo Facebook) ponen en contacto a amigos y promueven el intercambio de información. También estas webs se han convertido, sin pretenderlo, en un terreno espinoso. Existe la costumbre de colgar fotos de amigos en la Red sin su permiso. De nuevo, asoman la inocencia y la temeridad. “Partimos de la base de la buena fe de la gente. Otra cosa es que yo pida expresamente que se retire mi foto y no se haga. Eso podría ser una infracción al derecho a la imagen”, indica Bertomeu, que pide “un equilibrio entre los nuevos usos de Internet, el Derecho y las nuevas tecnologías”.

Otra fuente de conflicto son los foros, donde los usuarios suelen descargar su ira. Algunos comentarios que allí se vierten pueden constituir un delito. En opinión de los expertos, la justicia no puede pedir responsabilidades a los gestores de la web que los contiene: es imposible ejercer un control previo de publicación de comentarios.