El Gobierno de Trinidad y Tobago anunció la ampliación de sus instalaciones para acoger a inmigrantes a pesar de la política de no permitir que más ciudadanos venezolanos refugiados entren en ese país.

El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, visitó durante la jornada una nueva sección del Centro Correccional y de Rehabilitación del Este (ECRC), en Santa Rosa, al este de la capital del país, que servirá para acoger más inmigrantes.

La instalación fue identificada como un espacio adicional para mantener a los inmigrantes ilegales debido a las preocupaciones expresadas por el oficial principal del Departamento de Inmigración, Charmaine Gandhi, de que se necesitaba más espacio para mejorar la gestión de los detenidos.

Las solicitudes de alojamiento adicional también provienen de la secretaria interina del Ministerio de Seguridad Nacional, Penélope Bradshaw, y la Jefatura de Inmigración, quienes también inspeccionaron hoy la instalación.

Después de la visita, Young dijo a medios locales que el centro estaba listo para acoger más inmigrantes y que cumplía con los requisitos de seguridad necesarios como lugar de detención.

El ECRC tiene capacidad para acoger hasta 150 personas y complementará el Centro de Detención de Inmigración ubicado en la carretera principal del este en Aripo, al norte de la isla de Trinidad.

Esa instalación fue construida en 2011 y utilizada para mantener a las personas detenidas bajo el estado de emergencia.

En junio pasado, más de 16 mil inmigrantes venezolanos se registraron para trabajar y vivir en Trinidad y Tobago.

Las autoridades de Trinidad y Tobago se vieron entonces desbordadas por la llegada de venezolanos que atestaban los centros de registro establecidos en las principales localidades del país, incluida la isla hermana de Tobago.

Algunos venezolanos se quejaron del largo progreso, demoras, tener que regresar en varias ocasiones y de otras complicaciones para quienes buscaban registrarse.

Cerca de 250 venezolanos exigieron el pasado mes de julio por vía judicial al Gobierno de Trinidad y Tobago que reabra el proceso de registro para obtener un permiso de estadía formal.